Tras la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en el proceso de designación del Fiscal General de Justicia de Nuevo León, el Congreso del Estado tiene ahora un plazo de tres días hábiles para informar sobre el estatus del proceso. El plazo comenzó a correr después de que el Legislativo local fue notificado la tarde del viernes.
El Gobernador Samuel García ha mantenido una disputa con el Congreso por más de dos años sobre la designación del próximo Fiscal General. La Suprema Corte resolvió el pasado 14 de febrero que debía reponerse el proceso, lo que generó una nueva polémica entre los Poderes Ejecutivo y Legislativo sobre cuántos de los 63 aspirantes avalados por el Comité Anticorrupción debían ser considerados.
Hasta ahora, la única acción del Congreso para cumplir con la sentencia del 14 de febrero ha sido una sesión de la Diputación Permanente del pasado miércoles, en la cual se turnó a la Comisión Anticorrupción la sentencia de la SCJN. En un comunicado, el Congreso local alegó que, aunque la orden judicial se emitió en febrero, no tuvieron acceso al engrose de la sentencia hasta finales de abril.
Ricardo Tamez, asesor jurídico del Congreso, declaró el viernes que para cumplir con lo ordenado por la Suprema Corte es necesario volver a solicitar la carta de no antecedentes penales a todos los aspirantes, ya que la convocatoria estipula que estos documentos deben tener una antigüedad máxima de 60 días. Debido a la pugna entre el Legislativo y el Ejecutivo, los documentos actuales tienen más de un año de antigüedad.
El plazo para la presentación del informe al Poder Judicial Federal vence el próximo jueves. Ayer, se solicitó una postura del Gobierno estatal sobre el asunto, pero no hubo respuesta.
Esta situación refleja la persistente tensión entre el Ejecutivo y el Legislativo en Nuevo León, lo cual podría complicar aún más la designación del nuevo Fiscal General de Justicia local.
