El miércoles, un grupo de normalistas irrumpió en Palacio Nacional demandando justicia por el caso Ayotzinapa, ocurrido en 2014.
En un acto de protesta, los estudiantes rompieron la puerta de madera del recinto histórico, desencadenando un enfrentamiento con la seguridad del lugar, que logró contenerlos antes de que pudieran avanzar más en su incursión.
El presidente Andrés Manuel López Obrador se encontraba llevando a cabo su rueda de prensa matutina cuando se produjo el incidente. Ante la situación, el mandatario calificó la acción como una provocación y se mostró dispuesto a que los estudiantes fueran recibidos por el subsecretario, aunque enfatizó que lo primordial era encontrar a los jóvenes desaparecidos.
Asimismo, López Obrador señaló a exfuncionarios de la CIDH y a grupos conservadores de manipular a los padres de los normalistas, lo que generó tensiones adicionales en medio del conflicto.
La Fiscalía General de la República (FGR) abrió una carpeta de investigación por los daños ocasionados tanto en su Centro Nacional de Arraigo como en Palacio Nacional. Agentes de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y peritos de la FGR se desplegaron para recabar evidencia y documentar los destrozos causados por los estudiantes.
Los jóvenes, en su mayoría encapuchados, utilizaron una camioneta de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para derribar la puerta de madera de uno de los accesos al recinto histórico. Además de los daños en la puerta, se registraron roturas de vidrios y pintas en las paredes del edificio antes de que los manifestantes se retiraran hacia Tixtla, Guerrero, donde se encuentra la Normal de Ayotzinapa.
Este episodio marcó el último encuentro entre el presidente López Obrador y los padres de los 43 normalistas desaparecidos, profundizando el distanciamiento entre ambas partes. Los familiares y los estudiantes continúan exigiendo al gobierno restablecer el diálogo y obtener acceso a archivos que consideran fundamentales para esclarecer los hechos ocurridos la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.
La relación entre el gobierno y los familiares comenzó a deteriorarse cuando el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la CIDH confirmó que se trató de un crimen de Estado y acusó a las Fuerzas Armadas de interferir en las investigaciones.
La renuncia del subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, y la asunción de López Obrador en la investigación no lograron mejorar la situación. Por el contrario, la brecha entre las partes se amplió cuando ocho militares vinculados al caso fueron liberados, generando mayor desconfianza hacia las instituciones gubernamentales por parte de los familiares y estudiantes.
